Hasta el despegue del turismo en los países sudafricanos, el gobierno de Kenya ha sabido monopolizar la imagen del país de los safaris y la naturaleza, lo que ha jugado una baza fundamental en el crecimiento económico. Gran parte del mérito de este logro debe atribuirse a todos aquellos que han luchado por la conservación de la naturaleza en un país donde el problema de la tierra aún es acuciante y donde el desarrollo sostenible sigue siendo una utopía. Pero el turismo es extremadamente sensible a la estabilidad política y social, dos factores que en Kenya no existen. El caso de la ciudadana británica asesinada en Masai Mara, cuyo informe final elaborado por Scotland Yard fue finalmente ocultado por Moi, causó gran revuelo en la prensa internacional, pero el bandidaje en las carreteras no es un hecho esporádico, como tampoco lo es el furtivismo en los parques. Al contrario que Kenyatta, Moi nunca ha sido acusado de lucrarse con el tráfico de marfil, mostrando siempre una actitud firme frente a la caza furtiva. Sin embargo, algunos círculos próximos a él parecen no compartir esta misma idea, y las matanzas de elefantes y rinocerontes han superado los niveles alcanzados durante el mandato de Kenyatta. Los disturbios étnicos, el bandidaje y el furtivismo amenazan muy seriamente el futuro del potente pero frágil sector turístico de Kenya.

El régimen de Moi, a pesar de la presión internacional, continúa anclado en un absolutismo feudal. El KANU hoy se apoya principalmente en las etnias más pobres, los Kalenjin, Maasai, Samburu, pueblos del nordeste y algunos pequeños grupos de la costa, quienes dependen de las ayudas y subsidios del estado y tienen menores oportunidades para la educación. La oposición se sustenta en los Kikuyu y Luo, regiones y comunidades económicamente más desarrolladas, donde las ambiciones superan lo que Kenya puede -y el KANU quiere- ofrecer a los profesionales cualificados. Este apalancamiento del KANU en los sectores más empobrecidos desemboca en una actitud contraria al intelectualismo que se manifiesta en la constante desconfianza frente al ámbito universitario y frente a la prensa. Las facultades son clausuradas periódicamente a la menor protesta y la libertad de expresión continúa seriamente restringida. Con la apertura al multipartidismo, proliferaron las publicaciones de todo signo político, pero el KANU mantiene una estrecha vigilancia de todo lo que se edita y algunas rotativas han sido desmanteladas por la policía.

La convivencia social se ha deteriorado desde la independencia. Las fronteras artificiales dibujadas con tiralíneas por las potencias coloniales ignoraron las demarcaciones tribales, dibujando un mapa de Africa que supone una amenaza constante a la cohesión de las naciones. Es posible que algún día las diferentes etnias aprendar a convivir en paz, pero para entonces el precio de muerte y sangre habrá sido demasiado elevado. A duras penas, Kenya mantiene su unidad, probablemente gracias a que su mosaico tribal está formado por grandes parches deprimidos, que apoyan al KANU, separados por regiones opositoras fértiles y densamente pobladas. Pero la violencia continúa y en las comunidades más afectadas ha resurgido la juramentación de los Kikuyu contra las etnias rivales. En los últimos años, el área de Isiolo, al sur de Samburu, ha sido uno de los principales focos de disturbios étnicos. La inmigración de somalíes invadiendo las tierras de los Boran ha desembocado en batallas campales que se han extendido al resto de las etnias de la zona.

La cuestión de la tierra es la mayor asignatura pendiente del gobierno. Tanto Kenyatta como Moi han pasado de puntillas sobre este tema y nunca han implementado cambios económicos para favorecer a los campesinos sin tierra, muchos de los cuales tuvieron que emigrar para engrosar los cinturones marginales de las ciudades. A raíz de las invasiones de granjas de colonos blancos en Zimbabwe que comenzaron en el año 2000, algunos activistas kenyatas como el parlamentario Stephen Ndicho buscaron un paralelismo con el que trataron de incitar a la ocupación de fincas coloniales. Tal paralelismo no existe. Moi se opone frontalmente a esta práctica y él mismo reconoce que en Kenya la mayor parte de la tierra está en poder de africanos negros. Pero la postura de Moi merece dos comentarios. El primero es el soterrado racismo que preside la línea política del poder. Kenya se niega a cerrar el capítulo colonial de su historia, y los kenyatas blancos hijos de kenyatas blancos ven en la práctica recortados sus derechos por el color de su piel. Cualquier movimiento por parte de la comunidad blanca es interpretado con desconfianza, como la iniciativa política de oposición emprendida por Richard Leakey en 1995. El segundo comentario se refiere a la propiedad de la tierra. Kenyatta primero y luego Moi acallan las protestas periódicas por este problema haciendo referencia únicamente al color de la piel de los propietarios. Las reformas emprendidas por Kenyatta fueron sólo un disfraz para ocultar el reparto de la mayor parte de la tarta entre los poderosos, que son negros pero siguen siendo poderosos. El propio Moi ha amasado una de las mayores fortunas de Africa.

La imagen internacional de Kenya se ha deteriorado progresivamente por sus restricciones a la libertad de expresión y la violación sistemática de los derechos humanos. La tortura a los detenidos es práctica habitual y las organizaciones nacionales pro-derechos humanos se ven obligadas a trabajar desde el extranjero. Las denuncias por parte de las ONG internacionales y la prensa extranjera no han conseguido hacer mella en el concepto que muchos kenyatas tienen de su estado o de sus políticos. Es sabido que la corrupción es un problema de primera magnitud en los círculos del poder, pero Moi achaca estas actitudes a sectores disidentes. El discurso habitual de Moi sigue la tónica característica en otros líderes africanos: políticamente correcto con los europeos, cuyas inversiones codicia, pero de cara a los nativos negros se achacan todos los males del país a los días de la Colonia, al expolio a que fue sometido el pueblo de Kenya, a la pasividad internacional y a la mala gestión de las ONG. El victimismo fácil, el nacionalismo demagógico y el racismo soterrado contra la minoría blanca presiden los mensajes que predican los dirigentes al pueblo kenyata. Entretanto, la miseria se ensaña en los habitantes del país cada año que las lluvias no cumplen las expectativas. Sin embargo, los retratos de Kenyatta y Moi presiden cada pequeño establecimiento y el pueblo continúa idolatrando a Kenyatta como el padre de la patria, sin reparar en que quizá toda patria es hija de cada uno de sus miembros por igual. A pesar de las continuas promesas de Moi de actuar contra la corrupción, el pueblo parece sumido en la desidia y resignado a esperar su retiro y confiar en que después vendrán tiempos mejores. Mientras, continúan esperando sin esperanza un reparto de tierras que nunca se produjo. Los hijos de los guerrilleros del Mau-Mau son tan pobres en el país del hombre negro como lo fueron sus padres bajo la bota colonial.